El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el director ejecutivo de FOVIAL, Felipe Rivas, informaron los resultados de la gestión con la Jueza Primero de lo Mercantil de San Salvador, para hacer reparaciones de emergencia en carretera San Miguel-La Unión.
Tras concluir la prueba pericial y de inspección de la ruta de 33.6 kilómetros, se solicitó a la Jueza el 12 de septiembre de 2016, la urgencia de realizar obras de mantenimiento que permitan llevar la carretera a un estado aceptable de circulación.
El 22 de septiembre, la jueza autorizó a FOVIAL para que realice las obras de mantenimiento de emergencia, no definitivas, que no interfieren con el proceso judicial abierto.

Acciones a ejecutar.
Demolición de losas de concreto, excavación de estructuras, mejoramiento de base con material fresado, colocación de mezcla asfáltica para bacheo con la finalidad de mejorar la seguridad de circulación. Se iniciaría este año con una inversión de $800,000 a través de 2 contratos para atender 2 tramos dañados y el próximo año el resto de la ruta
Cronología del caso
El 21 de noviembre de 2002, el Consejo Directivo de FOVIAL aprobó la ejecución del proyecto Mantenimiento Periódico del Tramo que inicia en el kilometro 141 y finaliza en kilómetro 175 de carretera entre San Miguel y el Cantón Sirama de La Unión, bajo la modalidad de llave en mano. Posteriormente fue adjudicado el contrato a Constructora Nacional, S.A, de nacionalidad guatemalteca, por un monto de $15,999,999.99.
El 26 de mayo de 2004, el contratista presento a FOVIAL la fianza emitida por Aseguradora Suiza Salvadoreña, por un monto $1.6 millones, equivalentes al 10% del monto del contrato y con vigencia de 36 meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva, la cual garantizaba la reparación de las fallas que pudieran resultar por vicios o mala calidad de los materiales empleados en el proyecto.
Posterior a la recepción definitiva de la obra en 2004, aparecieron en la parte de concreto hidráulico desperfectos en la vía, por lo que FOVIAL tomó medidas legales a fin de que el contratista procediera al cumplimiento de sus obligaciones.
FOVIAL demandó a la Aseguradora Suiza Salvadoreña a través del proceso judicial en Juzgado Cuarto de lo Mercantil por el monto total de la fianza, pero esta se negó a honrar su obligación oponiéndose en el proceso. En la sentencia definitiva el Juez de la causa condenó a la Aseguradora, pero la Cámara Segunda de lo Civil la absolvió, por lo que FOVIAL inició un proceso declarativo de la obligación el cual actualmente se encuentra en apelación.
Paralelo, se inició un proceso de reclamo a la constructora por los daños existentes en la vía que exceden del monto de la fianza por $14,409,005.63, y presento demanda en la que solicita que se condene a la constructora CONASA al pago de la fianza por daños y perjuicios, petición admitida el 7 de julio de 2008, en el Juzgado 4º de lo Mercantil.
CONASA dejó de operar en El Salvador y mantuvo únicamente apoderados legales que han provocado en el proceso, recursos, dilaciones y peticiones injustificadas sobre cada resolución emitida por el Juez. No obstante, se llego a etapa probatoria donde se solicitó 2 pruebas en la vía, acompañada de peritos y peritaje.
La prueba pericial no se efectuó ya que el Juez nombró peritos no expertos para realizar el trabajo y que reclamaban honorarios excesivos en comparación a los que el FOVIAL paga en este tipo de estudios, y solicitó al Juez sustituyera dichos profesionales, lo que fue negado a través de respuestas tardías y dilaciones intentadas por la contraparte.
En julio de 2013, por Decreto Legislativo, todo proceso judicial regidos por la antigua Ley Procesal, pasaron al Juzgado 1º de lo Mercantil. Ese mismo mes se solicitó a la nueva Jueza el cambio de los peritos nombrados con anterioridad, y esta libro oficios a gremiales como: CASALCO, Instituto Salvadoreño del Cemento y Concreto (ISCYC) y la Asociación de Consultores de El Salvador (ACODES) para que propusieran nomina de profesionales para el peritaje. Dos de estas gremiales respondieron oficios sin proponer ingenieros, solo ACODES propuso 3 profesionales.
20 de junio de 2014, la Jueza acuerda que los nominados manifiesten si cuentan con la disposición, capacidad y experiencia para actuar como peritos y que sepan el objeto del peritaje.
Enero de 2015, la Jueza acordó al no obtener respuesta de los profesionales propuestos, librar oficio al Viceministerio de Vivienda para solicitar la nomina de expertos para el peritaje, oficio que fue contestado el 20 de octubre de 2015, proponiendo a tres profesionales del Registro Nacional de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores.
El 9 de marzo de 2016 inicia peritaje que duro 5 meses. Se presentó dictamen pericial el 25 de agosto de 2016, el que consiste en un estudio técnico para conocer el estado actual del tramo.


12 septiembre de 2016, concluida la prueba pericial y de inspección se solicita a Jueza la urgencia de llevar a cabo obras de mantenimientos rutinario a la ruta que permitan llevar la carretera a un estado aceptable de circulación, como una medida previa a la sentencia, en beneficio de los usuarios. El 22 de septiembre de 2016, la Jueza resuelve autorizar a FOVIAL la realización de obras de mantenimiento rutinario en carretera.
Daños identificados. Se realizó levantamiento de las 15,028 losas para clasificar tipo de daños y su nivel de severidad, que demostró que la superficie de rodadura presenta alto grado de deterioro. Según peritaje, para dejar la carretera en condiciones óptimas de transitabilidad, se necesita hacer todas las reparaciones con un monto aproximado de $31,940,078.60.